Esta semana varios medios informan que el Ministerio de Consumo está trabajando en una modificación de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios que obligaría a las ticketeras y promotores musicales a incluir “el precio final completo, incluido los impuestos, desglosando en su caso, el importe de los incrementos o descuentos que sean de aplicación a la oferta y los gastos adicionales, incluidos los potenciales gastos de gestión, que se repercutan al consumidor o usuario”.
Hace unos meses ya te contábamos sobre el ruido mediático generado por el propio Gobierno con un comunicado que cuestionaba las prácticas del sector. En esa campaña se indicaban unos requisitos e interpretaciones que ahora se pretenden que estén recogidos de manera expresa en la normativa.
