El Tribunal de Instancia de Barcelona ha abierto juicio oral contra el responsable de Actura 12 por dos delitos contra la Seguridad Social, con una petición fiscal de 55 millones de euros en multas y ocho años y ocho meses de prisión (aún sin fecha de vista). El mecanismo investigado es viejo conocido del sector, las empresas de facturación dan de alta al músico el día del concierto para que pueda facturar a ayuntamientos y entes locales, y lo dan de baja después. Lo que se imputa a Actura 12 es haber cotizado presuntamente por la base mínima al margen del caché real (17 euros en un ejemplo donde correspondían varias veces más), declarando el resto como dietas. El artista cobra más en el momento y renuncia a derechos y protección social futura; la Seguridad Social pierde decenas de millones.
No es una práctica que se descubra ahora. Cuando El País destapó el caso en 2024, cinco expertos legales argumentaron contra su regularidad, entre ellos Manuel López, Co CEO de SFTL. Conviene además comentar que esto no es «fraude fiscal» en sentido estricto, sino delito contra la Seguridad Social por diferencias de cotización, figura distinta con su propio régimen. La Abogacía del Estado ejerce de acusación particular, señal de que junto a los músicos pierde también lo público.
