Durante un concierto en Guadalajara, la banda Los Alegres del Barranco interpretó un tema que aludía a Nemesio ‘El Mencho’ Oseguera (presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación) lo cual provocó la revocación de sus visados por parte de Estados Unidos y una investigación en México por presunta apología del delito. En la Feria del Caballo de Texcoco, el cantante Luis R. Conríquez se negó a interpretar narcocorridos tras recibir una advertencia del gobierno local sobre posibles sanciones. La decisión generó disturbios entre el público y llevó al artista a anunciar que modificará sus letras para evitar incurrir en apología del delito.
La reciente controversia en torno a los narcocorridos en México ha reavivado un debate complejo que involucra libertad de expresión, responsabilidad artística y el papel de la música en la narrativa social. Este género, que narra las hazañas de figuras del narcotráfico, se encuentra en el centro de una discusión sobre su influencia en la cultura y la violencia en el país.
Políticas y medidas contra los narcocorridos
Varios estados en México han comenzado a implementar medidas restrictivas contra los narcocorridos, especialmente en eventos públicos. Por ejemplo, entidades como Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Aguascalientes, Baja California y Michoacán han aprobado normas que prohíben la interpretación de canciones que hagan apología del crimen organizado, en conciertos, ferias o espacios gestionados por autoridades locales.
Estas disposiciones pueden implicar multas económicas, cancelación de permisos de espectáculos y hasta penas de cárcel. En muchos casos, la base legal se articula a través de reglamentos municipales de espectáculos o leyes estatales de cultura cívica, lo que ha generado un debate sobre su constitucionalidad y la posible colisión con el derecho a la libertad de expresión artística.
Todo esto en un contexto de máximo crecimiento de la música mexicana
Más allá del debate legal, el fenómeno de los narcocorridos debe entenderse dentro del auge global del corrido tumbado, un subgénero que fusiona la estética del regional mexicano con códigos urbanos y narrativas propias del trap y el hip hop. Artistas como Peso Pluma, Natanael Cano o Junior H han impulsado este estilo hacia el mainstream internacional, posicionándose en lo más alto de rankings globales de streaming y colaborando con figuras del pop y reguetón. Este crecimiento evidencia que no se trata de un fenómeno marginal, sino de una tendencia cultural y comercial con un enorme poder de convocatoria, especialmente entre públicos jóvenes tanto en México como en la comunidad latina de EE. UU.
Precisamente en Estados Unidos, donde estos artistas gozan de una gran base de fans, el debate sobre la violencia en la música no es nuevo. En géneros como el rap, el drill o el gangsta, también se han planteado controversias similares sobre los límites entre relato y apología. Por eso, las decisiones que se tomen en México están siendo observadas de cerca, tanto por medios como por plataformas, promotores y sellos. El reto para la industria es complejo: gestionar el éxito de una música que conecta con millones, sin perder de vista su impacto social ni el marco legal en el que se mueve.
Reacciones de autoridades y artistas
La presidenta Claudia Sheinbaum ha declarado que prohibir un género musical sería «absurdo», abogando en su lugar por una concienciación social que desaliente la glorificación de la violencia y el narcotráfico en la música. Sin embargo, diversos estados han seguido avanzando en normativas restrictivas
Algunos artistas como Natanael Cano han expresado su desacuerdo con las prohibiciones, argumentando que se trata de una forma de censura que atenta contra la libertad artística.
Debate en la industria musical
En este contexto, la industria musical enfrenta el desafío de equilibrar la libertad creativa con la responsabilidad social, en un entorno donde la música no solo entretiene, sino que también refleja y moldea la realidad social.
La línea entre la expresión artística y la promoción de actividades ilícitas es difusa, lo que complica la aplicación de restricciones sin vulnerar derechos fundamentales. Además, hay voces que alertan de la ineficacia de las medidas y que todo esto va a generar un efecto Barbra Streisand: las prohibiciones pueden ser contraproducentes, aumentando la popularidad de las canciones censuradas y desplazando su difusión a plataformas digitales menos reguladas.
