El futuro de los festivales pasará por trabajarlos como carrera de fondo, con mentalidad de largo plazo. El objetivo debe ser prolongar el éxito muchos años, con una experiencia cultural y social sostenible. Ese camino es duro, y muchos de los obstáculos provienen de la normativa y la inseguridad jurídica.
Para muchos promotores, la tranquilidad de tener bien controlados los riesgos legales de la producción de un festival es tan importante o más que las cifras de taquilla o barras. Por experiencia sabemos que hay muchos aspectos jurídicos y fiscales que se venían pasando por alto y que hubieran desembocado en problemas serios si no llegamos a cogerlos a tiempo.
Con este artículo iniciamos una serie de publicaciones en las que iremos analizando todas las cuestiones legales, fiscales y económicas que desde un festival deben trabajarse a fondo para crecer con tranquilidad: contratación y negociación de artistas, propiedad intelectual, inspecciones de trabajo, patrocinios, subvenciones, incentivos fiscales, AIEs, seguros, derechos del público, prevención de riesgos laborales, privacidad y Big Data, voluntarios, etc…
Y hemos querido empezar con la entrevista que nos han hecho para la Guía de Festivales 2019 de BIME PRO, en la que Manuel Ángel López, socio director de Sympathy for the Lawyer, pudo exponer nuestra visión profesional sobre los riesgos legales de la música en directo:
¿Cuál es el día a día de un abogado que presta asesoramiento a festivales/promotores de festivales?
Tenemos una dinámica similar a la de agentes, promotores y otros profesionales de la música en directo: mucho teléfono, mucho viaje, mucho email, imprevistos, cenar con el portátil, mensajes de madrugada desde otros países, etc… pero sonando música en todo momento. En definitiva, el adictivo estrés de este adictivo sector. Y por supuesto, haciendo malabarismos a diario para conciliar con la vida familiar.
Igual que sus departamentos de booking, comunicación o marketing, ¿cuál es el primer paso para crear una oficina legal o departamento que presta asesoramiento jurídico a festivales? ¿Y los pasos posteriores para consolidarla?
Inventamos ese concepto de “Oficina legal” para festivales porque nos gusta formar parte del equipo de la organización, no limitarnos a un asesoramiento externo puntual. El primer paso sería designar una persona que supervise los asuntos legales, laborales y fiscales, aunque a veces es necesario un equipo multidisciplinar para las diversas materias. La consolidación llega cuando el equipo legal tiene caseta propia en el festival junto a la oficina de producción.
Grosso modo, ¿cuáles son los principales riesgos legales que pueden ir aparejados a la organización de un festival?
Hay dos tipos de riesgo. Por un lado, las posibles sanciones y pérdidas que pueden venir llegar por incumplimientos de la normativa, denegación de permisos, denuncias, conflictos contractuales,… Por otro lado, perder oportunidades de crecimiento y rentabilidad por no saber aplicar correctamente incentivos fiscales, AIE, optimización de costes laborales, negociación de ciertas cláusulas en booking, costes de SGAE, contabilidad y business intelligence,…
En los últimos años, hemos sido testigos de una oleada de denuncias formuladas por FACUA, contra gran número de promotores, que versan sobre el acceso a los festivales con comida y bebida del exterior. ¿Cuál es tú opinión respecto a estas denuncias?
Las denuncias de FACUA se basan en una resolución relativa a cines, que muy poco tienen que ver con los festivales de música. Han denunciado en comunidades autónomas cuya normativa de forma expresa permite estas prácticas. A nivel jurídico creemos que la hostelería en los festivales tiene el carácter de actividad principal, y la organización está legitimada para restringir acceso con comida y bebida.
En los supuestos de cancelación de actuaciones por parte de las bandas, ¿qué soluciones o alternativas existen de cara a minimizar las consecuencias para los agentes afectados? ¿Qué cautelas deben adoptarse al respecto?
Muchos problemas vienen por contratos redactados de manera confusa, o incluso en acuerdos cerrados sólo con “Dame el ok a este email”. Es muy importante expresar con claridad las condiciones que se consideran esenciales cuyo incumplimiento justificaría una posible cancelación, especialmente en torno a las peticiones en los riders. Por otro lado, los acuerdos sobre adelantos o aplazamientos de los pagos puede ser la mejor garantía, sobre todo en el ámbito internacional.
En la actualidad las entidades de gestión de nuestro país no cuentan con una tarifa específicamente diseñada para el pago de los derechos de autor derivados de las actuaciones en los festivales. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Por derechos de autor en un festival el high liner cobra lo mismo que una banda emergente: prorrata según la duración de su actuación. Pero es que además la tarifa de SGAE (10%) fue declarada abusiva y todavía no hay una solución definitiva. Por otro lado, la delicada situación de SGAE (expulsión de CISAC) hace que muchos agentes de booking extranjeros nos pidan que los derechos se abonen directamente a la entidad de su país.
Existen vías de financiación aplicables a los festivales de música que pueden dotar de mayor seguridad y rentabilidad a los mismos. ¿Cómo sabe un promotor si está disfrutando de todos los beneficios fiscales y bonificaciones a los que podría acceder?
Cuando hablamos con promotores se sorprenden al explicarles las enormes posibilidades de los incentivos y la planificación fiscal para conciertos. Por otro lado, hay cierta fiebre en el sector por crear AIE, pero a veces no están bien asesorados y luego llegan los problemas. Para aprovechar realmente estos beneficios fiscales es necesario un asesoramiento especializado con conocimiento en profundidad de la industria musical.
En tu caso, y sin salirnos del aspecto jurídico, ¿cuál es la mayor locura o reto con el que hayas tenido que lidiar?
En negociaciones de algunas actuaciones hemos observado historias bastantes surrealistas que no podemos contar debido al secreto profesional. Solucionar problemas burocráticos para visados y giras internacionales suele ser bastante duro, especialmente en el puente con Latinoamérica (además, Brexit is coming). Pero el mayor reto para nuestro equipo siempre es poner a punto legalmente un festival entero.
En opinión de un profesional del Derecho como tú, en materia legal, ¿qué materias crees que deben ser abordadas, mediante las correspondientes reformas normativas, para garantizar una mejor adaptación a la realidad de los festivales? ¿cuánto nos queda para poder equipararnos a nuestros vecinos del extranjero?
El sector de la música en directo necesita seguridad jurídica para seguir creciendo como una industria viable y sostenible. Así lo mostramos en un informe jurídico que varias asociaciones sectoriales nos encargaron para aportar al Estatuto del Artista. Si queremos acercarnos a los países de nuestro entorno, básicamente habría que actualizar la normativa sobre contratación de artistas y seguridad social, reventa, SGAE, visados y la tributación de artistas internacionales.
