Madrid tendrá, previsiblemente, un nuevo gran pabellón para conciertos junto al Metropolitano, dentro del desarrollo de la Ciudad del Deporte del Atlético. El proyecto, impulsado junto a Live Nation y Oak View Group, plantea transformar el antiguo Centro Acuático (un edificio abandonado desde el intento olímpico) en un complejo multiusos con un recinto cubierto de gran formato, además de otros espacios vinculados al deporte, la actividad cultural y la formación.
El elemento central será un venue de gran capacidad pensado para competir en el circuito internacional de giras (y dar otra opción al Movistar Arena y al palacio de Vistaalegre), acompañado de instalaciones complementarias que refuerzan la idea de “destino” más que de recinto aislado. Todo ello dentro de una concesión a largo plazo (75 años) sobre suelo público.
La operación sigue adelante tras eliminar el hotel que pretendía montar el Atlético y que se convirtió en uno de los elementos más problemáticos dentro de una parcela de carácter dotacional deportivo, concebida en su día para unas Olimpiadas que nunca llegaron. Este ajuste permite encajar mejor el proyecto, al menos desde el punto de vista urbanístico más evidente.
Ese debate gira en torno a la naturaleza del suelo. Se trata de una parcela pública calificada como dotacional deportiva, donde la normativa prevé principalmente usos vinculados o asociados a esa finalidad. Sin embargo, en 2024 se aprobó un Plan Especial que buscaba ampliar esos usos compatibles e introducirlos además como independientes —es decir, con accesos y funcionamiento propios—, lo que permitía encajar elementos como una universidad o un gran recinto de conciertos.
Este punto es clave, porque ese tipo de modificación no es pacífica desde el punto de vista jurídico. De hecho, el Plan Especial fue recurrido por un particular y anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en diciembre de 2025, al considerar que ese cambio en el régimen de usos no podía realizarse mediante esta figura urbanística.
Aun así, la situación no está cerrada. Todo apunta a que el Ayuntamiento ha recurrido la sentencia ante el Tribunal Supremo, lo que implica que la anulación no es firme por el momento. Es precisamente en ese margen, entre la anulación en primera instancia y una eventual resolución definitiva, donde el proyecto sigue avanzando.
El resultado es un escenario híbrido: por un lado, un desarrollo que continúa su tramitación y ejecución; por otro, un encaje legal que todavía depende de una resolución judicial futura. Si el criterio del TSJM se confirma, el proyecto podría verse obligado a replantear su base urbanística. Si no, consolidaría un modelo más flexible de uso sobre este tipo de suelos.
